La preocupación de la Administración pública para impulsar un modelo comercial que sea respetuoso, entre otros, con el principio de preservación de la ciudad compacta, compleja y socialmente cohesionada, que evite la creación de aglomeraciones comerciales periféricas y procure el equilibrio entre los diferentes formatos de establecimientos confronta muchas veces con los legítimos intereses de los particulares que se hallan amparados por el derecho de libertad de empresa, así como por los principios de libre concurrencia y de libertad de establecimiento.
El asesoramiento sobre esta materia exige un profundo conocimiento de la normativa comunitaria, estatal y autonómica, así como una visión práctica de la misma a partir de la experiencia previa.
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