En ejercicio de la potestad sancionadora, la Administración pública puede imponer sanciones a los particulares por las transgresiones del ordenamiento jurídico previamente tipificadas como infracción administrativa por una norma. Esta facultad se otorga a la Administración con el objetivo de prevenir y, en su caso, reprimir las vulneraciones del ordenamiento jurídico en los ámbitos de la realidad, cuya intervención y cuidado les haya sido previamente encomendado.
La evolución del Derecho administrativo sancionador, tanto desde el punto de vista sustantivo como procedimental, ha convertido este régimen en un tema de cabal importancia dentro del Derecho administrativo y con una repercusión práctica cada vez más significativa.
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